Desde 2003, las concesiones para extraer este mineral radiactivo en el área del Gran Cañón pasaron de 10 a 1.100, ante la preocupación de las autoridades locales de que la materia prima llegue a las aguas subterráneas, un temor respaldado por un informe del US Geological Survey.
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El estudio "Consideration of Geochemical Issues in Groundwater Restoration at Uranium In-Situ Leach Mining Facilities" (2007) asegura que, a pesar de los avances tecnológicos, las nuevas técnicas de obtención de uranio "tienden a contaminar" los acuíferos.
El famoso río Colorado es una de las fuentes principales de las que beben los Estados del suroeste de EEUU, y se emplea tanto con fines agrícolas como para consumo humano en Los Ángeles, Las Vegas o San Diego, un área con más de 18 millones de personas.
La entidad responsable del suministro y la calidad del agua potable del sur de California expresó su inquietud con respecto "al significativo aumento de las minas de uranio" en la zona del Gran Cañón en una carta dirigida recientemente al secretario de Interior de EEUU, Dirk Kempthorne.
"Pedimos que cualquier autorización para la explotación minera cerca del río Colorado dependa de un exhaustivo análisis de impacto ambiental", reclamó Jeffrey Kightinger, gerente del Metropolitan Water Distric of Southern California (MWD), que alertó del potencial contaminante del uranio y sus devastadores efectos.
Sin embargo, las concesiones se realizan en virtud de la Ley Minera de 1872 creada en su tiempo para fomentar la colonización del área del Pacífico y en la que se da prioridad a la minería sobre otros usos del suelo.
Esta anticuada legislación que recuerda a los tiempos de la fiebre del oro y del petróleo en la región, deja poco margen de maniobra a las autoridades a la hora de evitar que se extraiga mineral, ya que las compañías actúan dentro de la legalidad en busca de un recurso energético prioritario.
La gobernadora del Estado de Arizona, Janet Napolitano, hizo un llamamiento en otra misiva a Kempthorne para que usase su autoridad para situaciones de emergencia con el fin de detener la concesión de pozos.
"Hay sitios donde se puede extraer adecuadamente uranio, pero creo que casi todos los estadounidenses están de acuerdo en que el Gran Cañón no es uno de esos lugares", afirmó Napolitano, que recordó la importancia de ese Parque Nacional como símbolo del país.
El año pasado, se presentaron en los cinco Estados de la costa oeste de EEUU 43.153 solicitudes de concesiones mineras por las 4.333 de 2004, lo que refleja el significativo aumento de la rentabilidad de los minerales.
La libra (454 gramos) de uranio alcanzó en 2007 los 138 dólares, frente a los 20 dólares que se pagaban en 2004, según datos del portal especializado en este sector UraniumMiner.
Los elevados precios del petróleo y la creciente preocupación por el calentamiento global ha situado la construcción de más centrales nucleares, que utilizan el uranio como materia prima, entre las prioridades energéticas de Washington por "el bien de la seguridad económica y nacional" del país, en palabras del presidente George W. Bush.
Pero si el material radiactivo llegase a las aguas sería también "un asunto de enorme magnitud", declaró a Efe Dusty Horwitt, analista del Environmental Working Group (EWG), para quién junto a la catástrofe medioambiental y de salud pública, un desastre así dañaría seriamente los ingresos por turismo en la zona.
Por el momento, según el diario Los Angeles Times, ninguna de las estructuras mineras de uranio cerca del Gran Cañón está operativa aunque se pueden contemplar desde algunos puntos de observación del Parque Nacional.
Las empresas mineras alegaron que su búsqueda de uranio favorece al medio ambiente, ya que el material se utilizará para producir energía nuclear, que no conlleva emisiones de gases, aunque sí basura radiactiva, según matizaron los ecologistas.
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