La primera Área Marina Protegida de nuestro país ha sido declarada por el Consejo de Ministros en funciones.
Se trata de El Cachucho, una montaña submarina situada a 60 kilómetros frente a las costas de Llanes, en Asturias, cuya cima se eleva hasta los 500 metros de profundidad.
Es una plataforma sumergida de 57 kilómetros de largo por 17 de ancho, que emerge desde las profundidades del Golfo de Vizcaya a 4.500 metros de profundidad hasta la cota señalada.
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El hasta ahora banco pesquero de El Cachucho era conocido por las flotas pesqueras desde siempre, que faenaban con redes de arrastre sobre su superficie hasta que empezaron a agotarse sus inmensos recursos.
Precisamente el nombre dado al banco pesquero coincide con el de la palometa roja, una de las especies más preciadas y capturadas durante décadas en sus inmediaciones.
Pese a la incesante actividad pesquera, El Cachucho es una de las áreas marinas de más elevada biodiversidad de nuestro litoral, lo que ahora ha servido de argumento científico para su protección.
Los investigadores han identificado más de 550 especies, entre las que destacan corales de agua fría, peces abisales, estrellas y crustáceos únicos. Se han descubierto una decena de nuevas especies y la zona es frecuentada por gran número de cetáceos.
Por estos valores ambientales, científicos y ecologistas llevaban más de una década reclamando su protección. La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado los últimos años hilando una compleja madeja de competencias, en la que hasta siete Ministerios han tenido que negociar para lograr el acuerdo de ayer.
Una negociación que ha precisado también del visto bueno de las Cofradías de Pescadores, que hace ya tiempo habían dado su consentimiento a la reserva marina, con el fin de proteger los recursos.
«El Gobierno ha abierto el camino que debe conducir a la protección de, al menos, el 10% de nuestras aguas antes de 2010», declaró ayer Juan Carlos del Olmo, director de WWF/Adena. Esta organización promueve una iniciativa para declarar 20 áreas marinas que se extienden a lo largo del litoral de la Península y los dos archipiélagos.
A partir de ahora, la pesca de arrastre, las maniobras militares que impliquen impactos en el medio o la exploración sísmica para detectar hidrocarburos quedan reguladas por la figura de protección aplicada, contenida en la recientísima Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
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