Un juez declaró hoy ilegal la caza de ballenas en la reserva marítima australiana en la Antártida, sentando un precedente que impedirá a empresas japonesas continuar con esta práctica en aguas del continente helado.
El magistrado del Tribunal Federal James Allsop falló a favor de la demanda presentada en 2004 por el grupo ecologista Humane Society International contra la compañía nipona Kyodo Senpaku Kaisha.
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La compañía japonesa ha matado, herido y usurpado unas 1.253 ballenas mink, nueve ballenas de aleta y un numero indeterminado de ballenas jorobadas en el santuario marítimo declarado por Australia en la Antártida.
Esto supone, según la sentencia, una violación de la Ley de Conservación de la Biodiversidad y Protección del Medioambiente de Australia y de no poner freno a su actividad, Kyodo Senpaku Kaisha seguirá esquilmando las poblaciones de cetáceos de la región, agregó Allsop.
No obstante, el juez precisó que los autores del delito no pueden ser arrestados si no entran dentro del territorio australiano, por lo que es esencial que Camberra obtenga la jurisdicción sobre el santuario marino de la Antártida.
El fallo insta al Gobierno australiano a exigir a Japón que deje de cazar ballenas en la zona, pero el mandato sólo podrá ser aplicado si Australia asume las competencias legales sobre la reserva, creada en 2000 y todavía no reconocida por Tokio.
Stephen Smith, el ministro de Exteriores, se mostró cauto ante la sentencia y dijo que la decisión final corresponde al Fiscal General del Estado, Robert McClelland.
Por su parte, el portavoz de la oposición para asuntos de Medio Ambiente, Greg Hunt, animó al primer ministro, Kevin Rudd, a tratar el asunto con el Ejecutivo japonés, lo que revela un cambio de actitud radical entre los conservadores ante la caza de ballenas por parte de Japón.
Inicialmente, Allsop optó por no conocer la demanda del grupo ecologista ante la advertencia del ex primer ministro John Howard de que una condena judicial a una empresa nipona podría provocar un enfrentamiento diplomático con Tokio.
El Tribunal Federal anuló luego la decisión del magistrado y el caso volvió al juez en 2006, mientras el Gobierno conservador insistía en que la petición de Humane Society International era contraria a la práctica del derecho internacional bajo el sistema del Tratado de la Antártida, suscrito por Japón.
Pero poco después y tras ganar en las elecciones generales del pasado noviembre, el nuevo Gobierno laborista dejó claro que iba a luchar sin cuartel contra la actividad de los balleneros nipones, a los que ya vigila con buques y helicópteros militares no armados.
En cuanto al frente legal, el ministro de Medio Ambiente, Peter Garrett, anunció que apoyaría cualquier futura demanda ante los tribunales en relación a la caza de cetáceos, lo que dio esperanza a las organizaciones defensoras del medio ambiente.
Japón tiene previsto cazar durante la campaña del presente verano austral más de 1.300 cetáceos bajo con el pretexto de realizar estudios científicos, pese a que la Comisión Ballenera Internacional pide a Tokio que detenga su programa.
Este organismo ha ratificado la moratoria vigente desde 1986 que prohíbe cazar cetáceos con fines comerciales, pese a las presiones niponas para que se levante el veto para las capturas a pequeña escala.
Noruega es el único país del mundo que permite la caza comercial de ballenas, pero Japón e Islandia cazan más de 2.000 ballenas al año con fines "científicos", lo que, según los grupos ecologistas, es una forma encubierta de realizar capturas comerciales.
Tokio siempre ha defendido su derecho a la pesca de cetáceos argumentando que el consumo de estos animales es parte de la cultura japonesa.
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